Un nuevo capítulo de cuestionamientos se abre en el sector defensa. La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa el contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la empresa Vertol Systems para el mantenimiento de una flota de 20 helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, tras detectar posibles irregularidades financieras y administrativas que podrían comprometer recursos públicos por millones de dólares.
El contrato, firmado en diciembre de 2024, tenía como objetivo garantizar la operatividad de las aeronaves, fundamentales para las misiones de transporte, asistencia humanitaria y seguridad en distintas regiones del país. Sin embargo, el avance físico del proyecto apenas llega al 8 %, mientras que el 50 % del valor total —unos 16 millones de dólares— ya fue desembolsado como anticipo, sin que existan soportes que justifiquen su destino.
De acuerdo con la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, no hay constancia de los comprobantes de pago ni claridad sobre las actividades ejecutadas por la contratista. Además, se habría perdido el rastro de actas de reuniones clave en las que se habrían aprobado prórrogas y desembolsos adicionales, algunas encabezadas por altos funcionarios del Ministerio.
El ente de control alertó sobre la inobservancia de la póliza de cumplimiento No. 05-00087580, expedida por Berkley International Seguros Colombia S.A., que debía respaldar el contrato en caso de incumplimientos. Esta garantía cubre posibles sanciones, la calidad del servicio, la devolución del anticipo y otros compromisos financieros del contratista.
La Procuraduría advirtió además que el proceso presenta fallas estructurales en la planeación, gestión documental y seguimiento técnico, lo que agrava el riesgo de un detrimento patrimonial. Ante ello, el organismo requirió al Ministerio de Defensa un informe técnico y jurídico completo que detalle las acciones emprendidas para activar la póliza de cumplimiento y proteger los recursos del Estado.
La investigación busca establecer si existió negligencia o falta de control por parte de los responsables del contrato y si procede abrir una indagación disciplinaria contra los funcionarios involucrados.
Con este caso, la Procuraduría reitera su compromiso de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos en sectores estratégicos como la defensa nacional, donde la transparencia y la rendición de cuentas resultan esenciales para mantener la confianza ciudadana y la seguridad del país.
