El Programa de Alimentación Escolar (PAE), una de las estrategias más importantes del país para garantizar el bienestar y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, sigue enfrentando serios desafíos en su ejecución. Así lo advirtió el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante el foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia”, en el que presentó los resultados de la evaluación nacional de esta política pública.
De acuerdo con el informe, la Contraloría identificó deficiencias estructurales, desfinanciación y fallas en los mecanismos de supervisión y control, que impiden el cumplimiento pleno del objetivo del PAE: brindar alimentación balanceada y oportuna a los niños, niñas y adolescentes matriculados en colegios oficiales.
El diagnóstico revela que, aunque más de 5,5 millones de estudiantes reciben el servicio, 1,2 millones aún quedan por fuera del programa, debido a la falta de recursos. Para alcanzar una cobertura total, se requerirían 1,21 billones de pesos adicionales, cifra que refleja la brecha presupuestal del sistema.
Entre 2024 y 2025, la Contraloría detectó 30 hallazgos fiscales por más de 7.974 millones de pesos, relacionados con sobrecostos, pagos sin soporte y deficiencias contractuales. En los últimos cinco años, el programa acumula 813 hallazgos, de los cuales 185 tienen incidencia fiscal por más de 55.500 millones de pesos, afectando directamente el destino de los fondos destinados a la alimentación de los estudiantes.
Además, el informe revela que 2,5 millones de menores no recibieron su ración escolar en 2023, debido a retrasos en la contratación, falta de insumos, suspensión de servicios y demoras logísticas. Estas fallas, según el ente de control, son más graves en zonas rurales y regiones con mayores índices de pobreza como el Pacífico, los Llanos y el Centro Sur.
El Contralor Rodríguez también llamó la atención sobre las precarias condiciones en las que se preparan los alimentos. Las auditorías evidenciaron cocinas en mal estado, falta de refrigeración, ausencia de agua potable y utensilios insuficientes, lo que afecta la calidad e inocuidad de los alimentos de más de 135 mil estudiantes.
Otro punto crítico es el bajo cumplimiento de la compra local de alimentos, requisito que busca apoyar la economía campesina. En el 47% de las sedes visitadas no se prioriza el uso de productos cultivados en la región, lo que evidencia una desconexión entre el PAE y el desarrollo rural.
Pese a las dificultades, la Contraloría destacó el impacto positivo del programa en la reducción de la deserción escolar, que ha caído entre un 10% y 25% en los últimos años gracias a la alimentación diaria que motiva la asistencia y el rendimiento académico.
Finalmente, el organismo de control instó al Estado y a las entidades territoriales a reforzar la planeación, el financiamiento y la transparencia en la ejecución del PAE. “No se trata solo de entregar un plato de comida, sino de garantizar el derecho fundamental a una vida digna y al aprendizaje de millones de niños colombianos”, concluyó Rodríguez Becerra.
