Una investigación de la Fiscalía General de la Nación sacó a la luz una compleja estructura criminal que, según el ente acusador, operaba desde distintas regiones del país para facilitar el ingreso y circulación de mercancía de contrabando con la complicidad de funcionarios públicos y uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). En el centro del caso aparece Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’, quien fue acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
El expediente revela que Marín Buitrago habría liderado una red dedicada a comprar voluntades dentro de entidades públicas y cuerpos de control. La Fiscalía sostiene que, entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, el hoy procesado habría establecido tarifas mensuales para asegurar la colaboración de patrulleros y oficiales encargados de vigilar rutas de transporte y puntos clave de inspección. Los montos, según la investigación, oscilaban entre $3.500.000 para patrulleros y $5.000.000 para oficiales, pagos destinados a garantizar el paso sin controles de grandes cargamentos de mercancía ilegal.
Además del supuesto pago sistemático de sobornos, la Fiscalía documentó al menos 21 episodios delictivos en los que, según la acusación, ‘El Viejo’ habría participado de manera directa o mediante intermediarios. Entre los beneficios entregados a servidores públicos figuran dinero en efectivo, vehículos de alta gama y hasta un apartamento en Cartagena que habría sido cedido a un oficial de la Polfa para su uso indefinido.
La Fiscalía resaltó que la red no solo promovía el contrabando, sino que afectaba de forma grave la institucionalidad al infiltrar organismos encargados de combatir justamente este tipo de delitos. “Este tipo de estructuras corroen la confianza ciudadana y ponen en riesgo la seguridad económica del país”, señaló una fuente del ente investigador.
El proceso avanza ante un juez penal especializado de Bogotá, quien fijó para febrero de 2026 el inicio de la audiencia preparatoria de juicio. Hasta entonces, la Fiscalía continuará presentando las pruebas que, según afirma, demuestran la existencia de una red que operaba bajo un sistema de pagos, favores y beneficios destinados a abrirle paso al contrabando mediante el uso indebido del poder público.
