Un nuevo análisis técnico de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional de la Fuerza Pública. El organismo de control presentó los resultados de un extenso estudio realizado entre 2008 y 2023, en el que procesó más de 200 millones de registros para evaluar la estabilidad del régimen exceptuado y su impacto en las finanzas nacionales.
El informe revela un panorama desafiante: solo en 2023, el gasto en pensiones superó los $11,68 billones, equivalentes al 0,71 % del PIB, con proyecciones actuariales que muestran pasivos que podrían superar los $140 billones al sumar Fuerzas Militares y Policía Nacional. Esta presión creciente, advierte el ente de control, se convierte en un riesgo macroeconómico debido a la sensibilidad del pasivo frente a la inflación y las tasas de descuento.
Si bien el estudio destaca progresos en la estandarización de datos y la creación de nuevas herramientas analíticas, también evidenció problemas persistentes en la calidad de la información histórica. Errores en fechas de nacimiento, duplicidad de registros y fallas en la homologación de grados afectaron la reconstrucción precisa del comportamiento del sistema, especialmente en los primeros años analizados. Para la Contraloría, estas inconsistencias hacen urgente modernizar los sistemas de información y adoptar políticas de datos interoperables que respalden las decisiones fiscales de largo plazo.
En materia demográfica, el informe muestra que entre 2008 y 2023 el personal activo de las Fuerzas Militares se redujo de 173.900 a 158.400 efectivos, mientras el número de retirados aumentó hasta representar el 12,8 % del total. Esta transición refleja un envejecimiento gradual de la plantilla y cambios en la dinámica del conflicto y la incorporación. Aunque la edad media se mantiene estable, la fuerza laboral presenta mayor dispersión hacia edades avanzadas. La participación femenina, aunque baja (3,4 %), evidencia un crecimiento constante.
El análisis financiero señala que, pese a que la nómina ajustada subió de $5,31 a $7,59 billones, su peso relativo en el PIB disminuyó. El costo anual promedio por militar alcanzó los $47,9 millones, con mayor concentración del gasto en oficiales y suboficiales. Además, la estructura salarial ha migrado hacia una mayor participación de primas por antigüedad y carga familiar.
En cuanto a los beneficiarios, el sistema pasó de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023, impulsado principalmente por el aumento de asignaciones de retiro, que hoy equivalen a más del 70 % de las prestaciones.
Ante este panorama, la Contraloría recomienda revisar los requisitos de retiro para los rangos más bajos, crear reservas actuariales, implementar mecanismos automáticos de monitoreo y diversificar las fuentes de financiación mediante aportes adicionales, fondos de reserva y recursos extraordinarios. También insiste en la necesidad de reformas graduales que equilibren sostenibilidad fiscal y derechos adquiridos.
El organismo concluyó con un llamado a que estas medidas se conviertan en políticas de Estado, con el fin de garantizar la viabilidad del régimen pensional de la Fuerza Pública y proteger el principio constitucional de sostenibilidad financiera del país.
