El jurista J. Mauricio Gaona, reconocido académico con formación en Europa y Norteamérica, lanzó una severa advertencia: el próximo año podría ser el periodo más delicado para la institucionalidad colombiana desde que se instauró la República.
Gaona, quien ha ocupado importantes cargos como asesor de la Fiscalía y secretario del Consejo de Estado, criticó duramente la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para promover una Consulta Popular mediante un decreto, luego de que el Congreso negara su viabilidad. Según él, esta maniobra —avalada por el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre— representa un riesgo serio de derivar en lo que denomina “dictaduras constitucionales”, un fenómeno de la política contemporánea en el que los límites legales se reinterpretan para concentrar poder.
Montealegre, exmagistrado de la Corte Constitucional y exfiscal general, ha justificado la expedición del decreto argumentando que el presidente puede invocar la supremacía de la Constitución para ignorar la negativa legislativa. Gaona, sin embargo, cuestiona de forma contundente esa tesis: “El presidente tiene la facultad de promover una consulta, pero debe hacerlo con la aprobación del Congreso. Saltarse este paso rompe el proceso democrático”.
Para el académico, la idea de que el artículo cuarto de la Carta Política autoriza al Ejecutivo a realizar control constitucional directamente es un grave error de interpretación: “Esa norma no otorga al presidente poderes de juez constitucional; convertir esa lectura en práctica equivale a reformar la Constitución por vía de un simple decreto”, afirmó.
Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, fallecido en la toma del Palacio de Justicia, considera que estas decisiones ponen a prueba la fortaleza de las instituciones colombianas. “No defiendo al presidente —aclara— pero hay que ser objetivos: esta es una crisis de forma y de fondo. Si se permite este atajo, se sienta un precedente peligroso para cualquier gobierno futuro”.
Ante la magnitud de lo que está en juego, el constitucionalista hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad jurídica para que permanezcan vigilantes frente a decisiones que, bajo la apariencia de legalidad, podrían desfigurar la democracia.
